Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz pidieron al
titular de la Contraloría General del Estado (CGE) Ricardo García Guzmán
avances de las investigaciones, auditorías y sanciones en contra de servidores
y ex servidores públicos por el quebranto financiero que vive la entidad,
además del caso de las empresas “fantasma”, así como el trabajo realizado con
la Auditoría Superior de la Federación respecto al gobernador con licencia.
Al comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado,
integrada por los diputados Sergio Rodríguez Cortés, Juan Manuel del Castillo
González y María del Rosario Guzmán Avilés, presidente, secretario y vocal,
respectivamente, el contralor informó sobre los hechos y acciones en materia
administrativa.
Del Partido Acción Nacional (PAN) el diputado Juan Manuel de Unánue
Abascal dijo que el 28 de julio el gobernador con licencia presentó su
declaración 3 de 3. Después el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
no validó esta declaración al no incluir algunos bienes. Preguntó si la
Contraloría General requirió a Javier Duarte aclarar los señalamientos en su
contra y por qué no hizo las investigaciones, aun sabiéndolo, y qué sanción
tendría conforme a la Ley de Responsabilidades del Estado.
El Contralor respondió que Duarte de Ochoa entregó declaración
patrimonial con base en información de los registros. Dijo que no tiene
facultades para llamar a cuentas al Gobernador y –sostuvo- que realizan
investigaciones solo en los casos de su competencia.
Del grupo legislativo de MORENA, la diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval
requirió conocer qué ha pasado derivado de las auditorías a recursos humanos y
obras públicas; de qué dependencias y cuál fue el resultado; costo de
implementación y la opinión sobre el reportaje de la página de internet Animal
Político, así como de ex funcionarios.
El servidor público expresó que han trabajado para cambiar la percepción
de la gente en relación a los trámites de Gobierno. Todos los proyectos tienen
que ver con recursos y hoy en día no está la mejor prestación de servicios del
estado. Añadió que no es la Contraloría la responsable de la ineficacia de
algunas aéreas e ineficiencia de las personas. Han dado capacitación a todas
las instancias de gobierno para una mejor atención ciudadana, abundó.
Dijo que las auditorías se realizaron al INVERBIO, Ingenios Azucareros,
al DIF, CAEV, INVIVIENDA, COBAEV, entre otros.
Expuso que la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) enviaba diversos oficios a la CGE diariamente. Dijo que
vio una declaración del Auditor, donde indicó que “a pesar de las observaciones
no significa que todo se lo hayan robado”.
En una segunda intervención, la legisladora Eva Cadena pidió conocer el
monto del daño patrimonial de 2015 y 2016. ¿Qué ha pasado con las 54 denuncias
por la ASF y las empresas “fantasmas”?
García Guzmán refirió que a los seis meses del cargo presentó la primera denuncia ante la Fiscalía General
del Estado (FGE) en contra de un grupo de jóvenes que habían prometido
regularizar concesiones de taxi; además de una denuncia en contra del director
de aeronáutica que se negó a dar información y otra en contra de Gabriel
Deantes.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la diputada Janeth García
Cruz preguntó qué ha hecho la CGE para evitar el saqueo de recursos económicos
del Estado. El contralor dijo que hay un colapso financiero en Veracruz “la
licuadora ya es famosa a nivel nacional”, que la UV y otras instituciones
demandan su pago. Si hemos actuado de la mano de la ASF y del ORFIS y derivado
de la Cuenta Pública ya han emitido las recomendaciones para subsanar las
irregularidades.
Añadió que durante 11 meses han estado 20 auditores de la ASF para
conocer la recepción, distribución y aplicación de recursos. Hoy en día es
mucho menor ese uso indebido. Iniciaron 370 procesos disciplinarios
administrativos, lo que ha ocasionado en inhabilitar a funcionarios.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Kirsch
Sánchez pidió conocer qué acciones han emprendido en contra de los servidores
públicos que saquearon al estado y sobre el desabasto de medicamentos y el
seguro popular.
El titular de la CGE refirió que no hay un solo oficio de la ASF sin
respuesta por parte de la Contraloría. Dijo que han resuelto 249 casos
conjuntos con la ASF. Carlos Aguirre, Tarek Abdalá, Mauricio Audirac, Leonel
Bustos, entre otros, son los procesos administrativos que han hecho. Agregó que
sobre el desabasto de medicamentos tienen abiertos procesos disciplinarios
administrativos por obras no terminadas, sobre un ex secretario que pidió más
de 2 millones de pesos y constituyó denuncia penal.
Del grupo legislativo “Juntos por Veracruz” el diputado Fernando Kuri
Kuri cuestionó el accionar de las contralorías internas de las dependencias y
si habrá sanciones para el entonces titular de Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín
al aceptar que usó dinero para otros fines.
El Contralor dijo que al interior de las dependencias hay grupos de
trabajo que deben cumplir con las acciones que están en su reglamento. Los
contralores internos se manejan por un programa anual y son evaluadas a partir
de ello y son coadyuvantes únicamente. Ellos nos reportan a tiempo el acontecer
diario y se ocupan conforme a su Reglamento. Sobre Gómez Pelegrín, expuso que a
este funcionario le pasa lo que a muchos, “su declaración fue honesta pero no
lo exime de responder”.
SEGUNDA
RONDA
En la segunda ronda
de preguntas la diputada del grupo legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), Rosario Guzmán Avilés cuestionó,
Vigilar el buen uso
de los recursos financieros de los veracruzanos
Su deber era y es
verificar el uso trasparente del gasto público, sin embargo ante la falta de
pago a pensionados, maestros, trabajadores del Estado y del sector salud,
becarios y proveedores es indudable que usted incumplió en un deber legal. Lo
cual es un delito, según lo dispone el artículo 319 del Código Penal.
La Contraloría General
debió prever la crisis financiera de Veracruz, los malos manejos y
malversaciones al presupuesto debieron ser detectados y detenidos por la
Contraloría pues contaba con las atribuciones legales para ello y no hizo nada.
La cifra que
detectó el órgano de fiscalización superior asciende a un daño patrimonial de
16,347 millones 315 mil pesos.
Es su deber actuar
y detener este hoyo financiero en que nos hundió el actual gobierno del estado
porque es su deber llevar el control interno del presupuesto.
Por otra parte la
Auditoria Superior de la Federación señala que en la gestión del ex gobernador
Javier Duarte existe un daño patrimonial que supera los 35 mmdp, tan solo en
los ejerciciosque van del 2011 al 2014 por lo que le pregunto,
¿Por qué no cumplió
con su deber?
¿Qué hacía la
Contraloría mientras el Gobernador Javier Duarte y sus cómplices hacían y
deshacían con el dinero de los veracruzanos?
¿Usted fue
notificado sobre los desvíos y observaciones a cada dependencia y entidad de la
administración pública para que ejerciera las acciones penales y
administrativas que conforme a derecho correspondiera según lo dispuesto la Ley
de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado?
¿Qué acciones
ejerció la Contraloría contra los servidores públicos corruptos? ¿Cuántos están
en la cárcel? ¿Cuánto dinero se recuperó?
Además la
Contraloría General tiene la obligación del llevar el registro actualizado de
la situación patrimonial de los servidores públicos, ¿Por qué no detectó las
irregularidades?
El Contralor respondió
a las preguntas formuladas por la diputada panista,
Dijo estar de
acuerdo sobre las funciones señaladas
por la diputada y dijo que solo falta observar los periodos de tiempo de los
hechos a los que refiere la diputada y saber qué acciones se tomaron antes de
su llegada a la Contraloría.
El contralor
expreso que no comparte lo expresado por la diputada respecto a prevenir la
crisis que sufre la entidad, porque en la Secretaría de Finanzas y al interior
de las dependencias se cuenta con una estructura orgánica funcional ellos tienen sus propias funciones. Añadió que a su llegada a la Contraloría su
prioridad fue restablecer el vínculo con la Auditoría Superior de la Federación, la cual estaba saturando a la entidad de
imputaciones, porque no se les contestaba nada, solventaba o atendía. Y una vez
superada esa etapa y con un poco de confiabilidad hacía el trabajo que la
Contraloría venía realizando en Veracruz, pasamos a atender los temas que usted
comenta. Saber que pasaba con el dinero, por lo que durante once meses
estuvieron los auditores trabajando con los funcionarios de Sefiplan hasta concluir en las denuncias que tenemos ahora y
que habrá que desahogar la Fiscalía General del Estado.
Sobre las cifras
presentadas por el ORFIS que registra un daño patrimonial muy fuerte en las
dependencias aun no son definitivas. Su proceso apenas inicia y ya notificó a
la contraloría por lo que generamos los oficios a los Secretarios y a todos los
organismos públicos descentralizados; hoy vence el plazo para que contesten las
observaciones.
A partir de la
información que los funcionarios entreguen a la Contraloría procederá a
remitirla al ORFIS para que con esas pruebas discrimine su contenido.
Correspondería al próximo Contralor
terminar este proceso que iniciaron respecto a la cuenta pública
aprobada recientemente en el Congreso
Local.
El contralor
confirmó que la ASF señaló que existe un daño patrimonial de 35 mmdp, y por
ello interpusieron las denuncias y de manera directa el organismo federal ha
presentado más de cincuenta denuncias ante la PGR por que el recurso federal
llegó a Veracruz y no fue utilizado en lo que debían. Si hemos cumplido con
nuestro trabajo, dijo el Contralor y agregó que corresponde a la Fiscalía
investigar las denuncias y llevarlos a la cárcel.
La diputada panista
replicó en su momento ¿Por qué la Contraloría no detectó las irregularidades en
las declaraciones patrimoniales, por ejemplo, de Javier Duarte?
Al respecto el
Contralor respondió que el archivo que consta en la Contraloría General del
Estado no hay ningún dato desmedido o evolutivo en su patrimonio para que se
iniciará una investigación aun cuando las declaraciones patrimoniales son
revisadas periódicamente.
Por ejemplo, en el
caso del contador Gabriel Deantes se turnó a la Fiscalía porque el incremento
de sus bienes no era congruente y no correspondía. Esto ya debidamente
documentado y analizado para no incurrir
en trasgredir la ley y afectar a las instituciones o la integridad moral de las
personas. Ahora estamos a la espera del trabajo de investigación que realice la
Fiscalía General del Estado.
La diputada señaló
que recibió respuestas simples. Aquí falto interés en detectar este tipo de
anomalías por el hecho de tratarse de funcionarios superiores. Veracruz vive
una situación difícil y resulta inconcebible que la Contraloría no detectará el
daño hecho a Veracruz.
En su intervención
la Patricia Rodríguez Cueto de Morena dijo que esta comparecencia es una de las
más importantes después de la fuga del ex gobernador y del abandono del
Secretario de Finanzas es el Contralor el responsable del manejo eficiente y
eficaz de los recursos públicos de la entidad y cuestionó.
¿Usted tenía
conocimiento que los recursos federales
no estaban siendo asignados a los ayuntamientos de los ramos 23, 25, 28
y 33 no estaban siendo entregados a los Presidentes Municipales?
¿A cuánto asciende
el monto de los recursos transferidos por la federación y no entregados a los
ayuntamientos que les correspondían? ¿Dónde está ese dinero?
¿Qué seguimiento se
otorgó a las dependencias para fomentar la igualdad de género en las
dependencias estatales?
El Contralor señaló
que no evade su responsabilidad y da la cara.
A las preguntas referidas expresó que sobre el tema específico
consultado él ha actuado seriamente a diferencia de los dos contralores que lo
antecedieron. Ha subsanado las deficiencias y lo hará hasta el 30 de noviembre,
y con respecto a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación de
la cuenta Pública 2014 ha sido un gran esfuerzo y por ello creó la Dirección
General para la Atención de Fondos Federales durante su gestión para atender
los reclamos y observaciones sobre dichos fondos federales. Esta dirección es
un área única y especializada en todo el país.
Sobre los recursos federales que adeudan a los Ayuntamientos dijo que deben
tomar en cuenta que todo recurso que tiene que ver con los municipios
corresponde al ORFIS (Órgano de Fiscalización) como área vinculada al Congreso,
darle seguimiento. Y aun cuando corresponde a dicha dependencia otorgar los
datos solicitados por la diputada el Contralor se comprometió a
remitirle los datos por escrito.
Sobre las acciones
para hacer transversal la equidad de género en la función pública estatal el
Contralor dijo que el recurso asignado a ello se revisará e informará al
Congreso.
TERCERA
RONDA
En la tercera ronda, el diputado de MORENA,
Isaías Pliego Mancilla dijo que los datos que escuchó durante la comparecencia
son interesantes. Corresponde a la LXIV Legislatura construir verdaderos
artículos a la ley para darles armas al contralor. Argumentó que todo lo que podría cuestionar
correspondería a otras dependencias. Además reconoció el trabajo del titular de
la Contraloría General.
Del PAN, la legisladora Mariana Dunyaska García
Rojas preguntó qué pasó con el seguimiento a los créditos de reestructuración
de la deuda. Cuál fue el destino, si hubo daño patrimonial, qué funcionarios
tienen relación con las empresas “fantasma” y si han sido sancionados
servidores públicos que intervinieron en el quebranto financiero de Veracruz.
El Contralor manifestó que si han llevado a cabo
procesos disciplinarios administrativos; se han presentados declarar
funcionarios de la Secretaría de Educación y de la Coordinación de Comunicación
Social, que el ORFIS lleva el seguimiento a estos temas. Anunció que le
preparará un informe pormenorizado con datos más precisos; que las
declaraciones patrimoniales las tienen pero que éstas no arrojan datos que
pudieran prever otras medidas y sobre la entrega-recepción dijo que ya está
llevándose a cabo, pero que inciden factores, aunque debe realizarse con
civilidad.
Advirtió que quien no asuma su responsabilidad
en la entrega-recepción tendrá que hacerse acreedor a las sanciones
administrativas y penales.
El diputado del PAN, Luis Daniel Olmos
Barradas, dijo que la PGR interpuso
denuncias contra Mauricio Audirac e Iván López Fernández, ante ello preguntó
qué hizo Ricardo García en estos casos. El contralor expuso que es un tema
delicado para ventilarlo públicamente y –agregó- que uno de ellos fueron
llamados por la PGR por omisión, dado que no hizo nada ante casos de los que
tenía conocimiento. La información está integrada en las carpetas de
investigación y deberán seguir el trámite de ley.
El legislador Olmos Barradas pidió conocer el
informe sobre el estado de estas investigaciones, a lo que el contralor
accedió.
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