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Miles de jubilados del Estado acudieron a la Fiscalía

FEDIPEV interpone demanda

Contra funcionarios y líderes sindicales

Gonzalo Jácome Hernández

         Desde temprana hora empezaron a llegar de diferentes partes del Estado, cientos de jubilados para proceder de manera penal en contra de 13 funcionarios (7 de gobierno del estado y 6 líderes sindicales “dinosaurios” porque han sido inamovibles) mismos que integran el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), así como contra quienes resulten responsables, la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos que se consideran constitutivos de ilícito penal, por lo cual deberán ser investigados y si se desprende la comisión de algún o algunos hechos delictuosos se ejercite la acción penal correspondiente contra aquel o aquellas personas que resulten responsables.   

     Como se ha venido informando en reiteradas ocasiones por parte de la FEDIPEV y la COPIPEV, sobre la presunta mala administración de funcionarios del citado instituto que ha deteriorado el capital con el que contaba el IPE, al grado que en la actualidad supuestamente no se cuenta ya ni siquiera con la reserva técnica, que no debería haberse tocado ni siquiera en calidad de préstamo, como lo ESTIPULABA el artículo 114 de la anterior ley, que a la letra DECÍA: EN NINGÚN CASO NI POR AUTORIDAD ALGUNA SE PODRÁ DISPONER DE LOS FONDOS DEL INSTITUTO, NI SIQUIERA A TITULO DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. ¿Porqué se utiliza el calificativo en pasado?, por la sencilla razón de que las autoridades ladinamente y en presunto contubernio con algunos malos legisladores del Congreso del Estado, cambiaron la ley y ahora simplemente “disponen”, ya ni siquiera mencionan en calidad de préstamo, los pocos recursos que se tenían de la reserva técnica.

         Como es del dominio público, en la pasada administración el Consejo autorizó a funcionarios del IPE para que realizara un préstamo a Gobierno del Estado por 3 mil 850 millones de pesos, sin que oficialmente se encuentren documentos que certifiquen que dicho adeudo fue liquidado, declaración hecha por Manuel Arellano Méndez ex integrante del Consejo del IPE (8 de octubre de 2012) y en esa fecha mencionó que el adeudo sobrepasaban ya los 10 mil millones de pesos. Otro integrante del Consejo de Administración Enrique Levet Gorozpe, mencionó también que desde la administración de Fidel Herrera se arrastra una fuerte deuda (sin especificar el monto).

          Como oportunamente lo dio a conocer el Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (FEDIPEV), se programó para el 1º. de agosto, acudir a las instalaciones del IPE para organizar una marcha pacífica que partió de ese lugar a las 11:15 horas hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), para interponer denuncia formal contra funcionarios del citado instituto y de Gobierno del Estado.   

                             Al frente del contingente como ya es tradicional estaban los dirigentes de las diversas organizaciones que conforman el FEDIPEV, destacando la maestra Adriana del Carmen Chávez Tejeda de la COPIPEV arropada por los demás integrantes de la directiva, Jesús Arenzano Mendoza de la UDEJUPEV A. C. Córdoba-Orizaba, Rodolfo Suárez Castellanos del Puerto jarocho, Crisógono Luvian Olivares de Pánuco, Pedro Cabañas del SDETV, una agrupación de la U. V., así como otros líderes de organizaciones de diversas partes del estado.

         En punto de las 12:30 horas ingresó al edificio de la Fiscalía la comitiva integrada por los antes mencionados, para entregar la denuncia acompañados por el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, con el coro que se encontraba en la entrada de la FGE, que con arengas como; Jubilados en acción, defendiendo con razón, el derecho a la pensión. Jubilados unidos, jamás serán vencidos. Jubilados conscientes, defenderemos al IPE, con las uñas y los dientes, así como otras alocuciones más.

         Como se recordará en fecha reciente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), giró una recomendación por violación a los derechos humanos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN) y el IPE, misma que fue respaldada por 600 denuncias de los presuntos defraudados, al entregarles cheques sin fondos.